Nos hemos reunido con el PP y el PSOE para trasladar que tal y como está planteada la reforma, este bono social está muy lejos de ser una solución a la pobreza energética

Hoy nos hemos reunido con Guillermo Mariscal, portavoz de energía del PP, y Pilar Lucio, portavoz de energía, turismo y agenda digital, para trasladarles en persona el contenido de las alegaciones que hemos enviado hoy a la Dirección General de política energética y minas. Las alegaciones además se las hemos hecho llegar al resto de grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, pero nos hemos querido reunir con PP y PSOE, ya que esta reforma es fruto de un pacto entre los dos partidos en el mes de diciembre, en el que ambos presumieron de aprobar una reforma que acabaría con los cortes de suministro en el Estado español. El proyecto al cual hemos presentado las alegaciones, para nada responde a ese titular sino que por el contrario dejaría sin protección a millones de personas que hoy en día se encuentran en situación de pobreza energética.

Estas alegaciones se concretan en:

• Facilitar los trámites de bajada de potencia para adaptarla al consumo real de las familias.

• Modificar la definición de consumidor vulnerable y vulnerable severo ampliando los niveles de renta para proteger al máximo de personas. No tiene sentido que el PP, que ha modificado los baremos de renta del Código de Buenas prácticas y la moratoria a los desahucios, dándose cuenta de que había legislado dejándose a mucha gente fuera, ahora vuelva a cometer el mismo error con el bono social.

• Incluir el principio de precaución dando una protección real contra los cortes de suministro. La protección contra los cortes de suministro en este proyecto es casi inexistente. Solo a las unidades familiares con rentas muy bajas (p.e. unidad familiar sin menores a cargo debe cobrar menos de 399,38€), que además  esté seguida por Servicios Sociales y que la Comunidad Autónoma se comprometa a pagar el 50%, estarán protegidas contra los cortes de suministro. Es imprescindible incorporar no solo la obligación de las comercializadoras de informar a las Comunidades Autónomas sobre quien no está pagando las facturas sino condicionar la suspensión del suministro a saber la situación de vulnerabilidad de la familia. Este es el principio de precaución que se está aplicando en Cataluña con la Ley 24/2015, y que ya ha conseguido parar más de 40.000 cortes de suministro. No tiene sentido que una medida que funciona no se extienda al resto del Estado.

• Proteger también a los consumidores en mercado libre: el proyecto presentado por el gobierno deja a fuera a más de la mitad de los españoles (14 millones de personas) que hoy en día se encuentran en mercado libre, muchos de ellos fruto del engaño de las propias compañías suministradoras que con sus prácticas comerciales agresivas cambian a los consumidores a mercado libre sin informar de la pérdida de derechos que implica. Por eso proponemos, o bien que el paso a mercado regulado sea automático a toda persona que tenga alguna factura impagada y tenga potencia inferior a 10kW, o bien que el bono social se extienda también al mercado libre.

• Aplicar automáticamente el bono social y su renovación: tomando como ejemplo Portugal, donde los consumidores vulnerables son detectados automáticamente por medio de un cruce de datos entre la dirección general de energía, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria Portuguesa.

• Aumentar la información que reciben los consumidores sobre la protección que recoge la nueva normativa.

• Aumentar el descuento a los usuarios vulnerables y eliminar los límites al consumo.

• Revisar la financiación del bono social que ahora mismo establece que debe ser asumido por todas las comercializadoras según el número de clientes, y a su vez muchas de estas comercializadoras no podrán ofrecerlo.

• Por último, que esta legislación no vaya en perjuicio de que las Comunidades Autónomas puedan tener leyes propias que recojan medidas que incluyan una mayor protección a los consumidores vulnerables, como es el caso de Cataluña con la Ley 24/2015, así como otras comunidades autónomas.

Creemos imprescindible incorporar la totalidad de las alegaciones que hoy hemos presentado para garantizar que la insuficiente reforma al menos tenga algún efecto positivo sobre los millones de familias que sufren hoy pobreza energética, y así lo hemos trasladado en las reuniones que hemos mantenido hoy.

El PSOE se ha comprometido a incorporar en sus alegaciones la totalidad de nuestras propuestas, pero le hemos trasladado que no es suficiente. El PSOE tiene una responsabilidad importante en esta reforma, ya que fue el partido que pactó con el PP el RDL que ha dado pie a esta reforma y, por tanto, debe conseguir que el Gobierno incluya en la norma dichas alegaciones de facto, ya que aún tiene posibilidades de modificar el proyecto, si realmente su objetivo es crear una legislación que proteja a las familias más vulnerables contra los cortes de suministro.

Por su lado, el PP ha sido ambiguo y no ha concretado su posicionamiento a nuestras alegaciones y nos ha emplazado a darnos una respuesta en la próxima semana, posicionamiento que no nos sorprende del Partido Popular, ya que es habitual que cuando se habla de derechos de las familias, en vez de atajar el problema de raíz y promover cambios estructurales y que den soluciones, velen por los intereses de los lobbies financieros y del oligopolio.

Finalmente, ambos partidos se han comprometido a garantizar que esta reforma no va a ir en perjuicio de que las comunidades autónomas legislen medidas que protejan a más consumidores vulnerables.  Desde APE hemos insistido en que es imprescindible que se explicite en el Real Decreto.

Lejos de aportar soluciones a esta lacra social, las continuas modificaciones del mercado energético español, realizadas por los dos partidos políticos que han gobernado el país en los últimos años, se han centrado siempre en mantener la situación de privilegio y oligopolio de las grandes empresas energéticas, olvidándose de legislar protegiendo a los usuarios más vulnerables.

Desde la APE somos insistentes en que faltan medidas estructurales para garantizar el acceso a derechos básicos como son la luz, el agua y el gas. Creemos que la mejor medida para no hablar de pobreza energética y garantizar que ninguna familia se quede sin acceso a un derecho básico, es expandir la ley catalana 24/2015 a todo el Estado español. Una ley garantista que demuestra que es útil y funciona, evitando más de 40.000 cortes de suministros. Nosotras seguiremos luchando hasta conseguir una ley contra la pobreza energética que garantice el acceso a los suministros básicos, no solo de electricidad sino también de agua y gas, asegurando el acceso a una vivienda digna.

¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad!

Aliança contra la Pobresa Energètica

Puedes consultar las alegaciones completas aquí  ALEGACIONES BONO SOCIAL-vfAPE