Tanto a las empresas suministradoras de energía y agua, como al inmovilismo de las administraciones públicas les exigimos:

• Acceso universal a los servicios básicos. Toda familia, aunque no pueda pagar, debe tener unos servicios mínimos que le permitan vivir con dignidad.

• Parar los cortes indiscriminados. Que las administraciones ejerzan su papel garantizando los derechos humanos y no dejen esta decisión a las empresas suministradoras.
• Que todos los costes que velan por estos servicios básicos sean asumidos por las propias compañías: antes deben estar las personas.
• Exigimos que se hagan públicos los datos de todos los cortes que se hayan producido desde 2005  y que éstos sean trasmitidos al IDESCAT.