Ante las ocupaciones en precario, las eléctricas no dan más alternativa que pinchar la luz o vivir con velas

Barcelona 9 de enero de 2019

En los últimos días se han sucedido una serie de incendios, algunos con víctimas mortales, que han vuelto a poner sobre la mesa que la pobreza energética mata. Los incendios que han tenido lugar esta semana esconden la cara más oculta de la pobreza energética, las situaciones de familias que están ocupando una vivienda por necesidad y que no tienen garantizado el acceso a los suministros básicos. Estas familias, en muchos casos, se han visto forzadas a ocupar una vivienda porque han sufrido un desahucio y se han quedado en la calle sin que la Administración les pueda dar una solución habitacional. Lo más grave de estos casos es que, aunque estas personas quieran regularizar su situación, tener un contrato y pagar sus facturas, empresas como Endesa, Naturgy o Iberdrola se niegan a hacerles los contratos porque no tienen la titularidad de la vivienda.

Así las familias se encuentran sin alternativa: viven con velas, como es el caso del incendio que se produjo en Manresa el pasado 6 de enero, o se ven forzadas a pinchar la luz, como las familias del barrio de Sant Roc de Badalona, que también sufrieron un incendio el día anterior que provocó 3 víctimas mortales y más de30 heridos.

Desde la APE llevamos años poniendo sobre la mesa una solución para estos casos. No podemos negar que las ocupaciones son una realidad en nuestro país y que mientras la situación habitacional de la familia no se solucione se debe dar una alternativa segura para ellas y para sus vecinas. Por este motivo, hemos planteado una solución, tanto a la Generalitat como a las empresas suministradoras, que consiste en hacer un contrato provisional a aquellas familias seguidas por servicios sociales, que cumpliendo con la legislación vigente tengan un certificado conforme la instalación eléctrica es segura (boletín azul) y el padrón que confirma que la familia vive en ese domicilio. Con estos documentos tendría que ser suficiente para poder hacer un alta mientras se soluciona su situación habitacional, o bien se consigue un alquiler social en ese piso o bien la Administración la puede realojar en otra vivienda. Un protocolo similar ya lleva años en marcha con los contadores de agua, así que no tiene ningún sentido que con la electricidad o el gas no se haga lo mismo. Esta propuesta se ajusta a la legalidad y evitaría más muertes por pobreza energética. Solo es cuestión de voluntad por parte de empresas como Endesa, Iberdrola o Naturgy, que tienen que cambiar sus protocolos internos para incorporar la solución a estos casos. Desgraciadamente la Generalitat mira hacia otro lado, y empresas como Endesa prefieren perpetuar una situación de extrema vulnerabilidad antes de aceptar esta solución.

Por otro lado, los incendios de estos días nos recuerdan también la correlación que existe entre los incendios y las familias en situación de vulnerabilidad. Hace un año y medio que la APE, conjuntamente con un colectivo de bomberos, lanzamos la propuesta de implementar un protocolo tanto en el cuerpo de bomberos de Barcelona como en el de la Generalitat. El objetivo de este protocolo era, por un lado, poder detectar a través de las actuaciones de bomberos, no solo en incendios sino en todas las demás intervenciones, casos de pobreza energética a través de unos indicadores y, al mismo tiempo, poder relacionar los incendios con esta problemática para actuar de manera preventiva. El Ayuntamiento de Barcelona ya hace más de un año que ha implementado el protocolo de detección, pero la Generalitat, a pesar de comprometerse el propio Consejero Jordi Jané, a día de hoy todavía no se ha puesto en marcha.

Es evidente que la Generalitat hace tarde, pero no podemos esperar ni un minuto más para poner todas las herramientas necesarias para evitar llegar a situaciones como estas. Es urgente dar solución a las situaciones de las familias que están ocupando en precario, para que puedan tener garantizado el acceso a los servicios básicos de manera legal y segura, y esto puede hacerse con voluntad de la Generalitat y las empresas suministradoras. A la vez, debe ser una prioridad de este gobierno y del Departamento de Interior poner en marcha el protocolo para detectar casos de pobreza energética y cuantificar las víctimas. ¡No podemos esperar más porque hay vidas en juego!