La PL presentada por el PSOE deja fuera confrontar el Oligopolio y no asegura la protección a las familias

Jueves, 21 de septiembre de 2017

En el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado martes el PSOE ha presentado una proposición de ley para crear un bono social para el gas. Una medida que urgía hace tiempo, teniendo en cuenta que más de un 11% de la población española sufre pobreza energética  y que, además, no existe ningún tipo de protección contra los cortes de gas en el Estado español. 

A pesar de que la iniciativa es necesaria, si la intención es que el “bono social del gas” sea efectivo, se deberían modificar muchas de las medidas que el PSOE plantea en esta proposición.

En primer lugar, la protección contra los cortes de gas de familias vulnerables que se recoge en la propuesta del PSOE es del todo insuficiente. Se prevé la protección contra el corte solo para los consumidores en situación de vulnerabilidad severa, cuya definición se deja a un posterior reglamento, retrasando así su aplicación. Para el resto de consumidores vulnerables solo recoge ampliar el plazo para la interrupción del suministro de 2 a 4 meses. Pero la práctica nos ha demostrado que los aplazamientos no son una solución. Éstos solo generan la acumulación de las deudas y la dilatación de la angustia de las familias, que al cabo de 4 meses pueden, muy probablemente, encontrarse en la misma situación de vulnerabilidad. Además, se introduce la propuesta de incluir la llamada “tregua invernal” de noviembre a marzo, pero no establece ningún mecanismo para liberar de la deuda a las familias. De hecho, esta medida se aplicó en Cataluña durante 2014 y fue un fracaso. No llegaron a 900 las familias que se acogieron a ella, entre otros motivos porque la deuda de las familias aumentaba y una vez terminaba la tregua volvían a encontrarse sin poder pagar sus facturas mensuales, y aún menos la deuda que se les había acumulado durante este periodo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la protección contra los cortes de suministro no puede ser otra que el principio de precaución. Es imprescindible incorporar, no solo la obligación de las comercializadoras de informar a las Comunidades Autónomas sobre quien no está pagando las facturas, sino condicionar la suspensión del suministro a conocer la situación de vulnerabilidad de la familia. Este es el principio de precaución que se está aplicando en Cataluña con la Ley 24/2015, y que ya ha conseguido parar más de 40.000 cortes de suministro. No tiene sentido que una medida que funciona no se extienda al resto del Estado.

Por otro lado, por lo que respecta a la financiación del bono social del gas, la propuesta del PSOE plantea el mismo mecanismo que la reforma del bono social eléctrico, es decir, compartir el coste entre la comercializadora de gas y la Administración Pública. Además de no definir los porcentajes ni a cuánto ascienden los descuentos (de nuevo, a definir en un reglamento). Como ya hemos expresado en reiteradas ocasiones desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), quienes tienen que asumir el coste del bono social deberían ser las propias empresas con los beneficios que generan haciendo negocio con un servicio básico, y en ningún caso la Administración Pública. 

Por último, el hecho de dejar la definición de consumidor vulnerable a un reglamento posterior copia el modelo que se está utilizando en la reforma del bono social eléctrico. Éste también debía concretarse en un reglamento pero 10 meses después de que se haya aprobado el RDL no se sabe en qué estado está su aprobación. A las puertas del invierno y teniendo en cuenta las situaciones de urgencia que provoca estar amenazado por un corte de gas, debería agilizarse la creación de este bono y, por tanto, definir ya en esta ley el concepto de consumidor vulnerable y sus requisitos. En este sentido, esta definición debería ser lo más amplia posible para asegurar que no dejamos a ninguna persona o familia fuera de su protección, y para ello proponemos tomar como referencia los baremos de renta establecidos en la Ley 24/2015 que, como ya se ha dicho, está consiguiendo parar miles de cortes en Cataluña. 

La necesidad de un bono social del gas es clara y es una medida que debería haberse implementado hace tiempo. Ante la oportunidad de legislar este bono social para que responda a las necesidades de las familias que están sufriendo pobreza energética en el Estado español, es necesaria la valentía de la clase política. Para que la medida llegue a una protección de máximos y nos acerquemos a medio plazo a la garantía universal a los servicios básicos -que recoge el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- es necesario confrontar a las grandes empresas suministradoras, no pasar la pelota a otras administraciones y no aplazar la concreción de las protecciones o su puesta en marcha. Por este motivo, creemos imprescindible realizar los cambios que proponemos a la propuesta de ley, para garantizar que el bono social del gas atienda por fin a los millones de familias que no pueden mantener sus casas a una temperatura adecuada, o que ni siquiera encienden la calefacción en invierno por miedo a la factura que les espera. 

Desde la Alianza contra la Pobreza Energétca (APE) lo tenemos claro, la propuesta de Ley será útil si finalmente protege a los hogares que sufren pobreza energética para poder garantizar que estas familias accedan a un derecho básico como la energía.