Barcelona 01/02/2017

Dos meses y medio después de la muerte de la Rosa, vecina de Reus de 81 años muerta en un incendio iniciado por una vela que utilizaba para iluminarse porque los responsables de Gas Natural Fenosa, incumpliendo la Ley 24/2015, le habían cortado el suministro eléctrico, ha comenzado el lavado de imagen de esta empresa presentando a los medios de comunicación un plan de vulnerabilidad energética, dotado con 4,5 millones de euros.

Este plan de vulnerabilidad que piensan aplicar en todo el Estado español incluye una serie de medidas para, según ellos, “proteger a los clientes vulnerables” básicamente ampliando el periodo de aviso por impago de 2 a 5 meses y ampliando el plazo para fraccionar la deuda de las familias hasta los 2 años sin intereses. La compañía también pretende limpiar su imagen reforzando la comunicación con los clientes, y la propia Fundación Gas Natural Fenosa ha puesto en marcha una línea de ayudas para entidades sociales que trabajan con personas vulnerables y ha impulsado la creación de la Escuela de Eficiencia Energética.

Gas Natural Fenosa ganó en 2015 más de 1.500 millones de euros, de los que repartió en dividendos casi 1.000 millones. Las previsiones de beneficios para 2016 serán similares. Esto quiere decir que esta compañía pretende destinar un 0,3% de sus beneficios a limpiar su imagen en todo el Estado español mientras incumple sistemáticamente la Ley 24/2015 en Cataluña.

Este lavado de imagen comienza curiosamente dos días antes de que el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, comparezca en la Comisión de Empresa y Conocimiento del Parlamento, donde tiene que dar explicaciones por el incumplimiento por parte de su empresa de la Ley 24/2015, incumplimiento que fue el desencadenante del caso del incendio que causó la muerte de la Rosa de Reus.

Gas Natural Fenosa, dieciocho meses después de la entrada en vigor de la Ley 24/2015, sigue sin cumplirla. Ni aplica el principio de precaución que la obliga a comunicar un aviso de corte a Servicios Sociales para evaluar la vulnerabilidad de la familia y, por tanto, garantizarles el suministro. Ni ha firmado ningún convenio con la administración catalana para asumir la deuda de los hogares vulnerables con ayudas a fondo perdido o aplicando descuentos significativos en el coste de los consumos mínimos.

Ningún lavado de imagen como la que pretenden tapará su responsabilidad en el desgraciado caso de Reus ni en el resto de incumplimientos y que, tal como se comprometió el Gobierno de Cataluña, esperamos se le apliquen unas sanciones ejemplares que dejen claro que en Cataluña el derecho a los suministros básicos de los usuarios vulnerables está protegido y que las leyes de nuestro Parlamento están para cumplirse.

Basta de impunidad. Defendamos nuestros derechos. ¡Defendamos la 24/2015!

Aliança contra la Pobresa Energètica