En la reunión con el Secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, hemos presentado una batería de propuestas para atacar las causas estructurales de la pobreza energética.

Esta mañana la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) hemos presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica un documento de propuestas, en el marco de una reunión planteada después de las medidas anunciadas por la Ministra Teresa Ribera el pasado viernes 5 de octubre, con el Real Decreto-Ley 15/2018, que la APE considera insuficientes.

Los sucesivos gobiernos han obviado desde 2003 las diferentes directivas europeas (primero la 2003/54/CE y posteriormente la 2009/72/CE) que instaban a los Estados miembros a legislar sobre la protección de los consumidores vulnerables y la garantía de suministro a los mismos. Finalmente, la presentación del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, ha traído algunas mejoras respecto al escenario precedente, no obstante, desde la Alianza contra la Pobreza Energética avanzamos que las medidas aprobadas dejan fuera a un gran número de personas afectadas y no afrontan el reto de transformar de fondo la problemática.

El documento describe diferentes lagunas y medidas insuficientes que desde la plataforma llevamos años denunciando, entre las cuales se encuentra también el reformado bono social eléctrico, así como la ausencia de un necesario principio de precaución, como el que plantea la Ley catalana 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Desde APE consideramos que la protección ante el corte de todos los colectivos en situación de vulnerabilidad que plantea la Ley 24/2015 debería ser extrapolada a la legislación estatal. Eso es básicamente la protección a través del principio de precaución, que prohíbe el corte a todas aquellas familias en situación de vulnerabilidad y que obliga a las compañías comercializadoras a preguntar por la situación de la familia a los Servicios Sociales tras un impago, antes de iniciar cualquier procedimiento de suspensión.

Así mismo denunciamos que las medidas planteadas no señalan debidamente las responsabilidades de las grandes compañías suministradoras, que cuentan con beneficios multimillonarios. Creemos que son las mismas compañías que basan su actividad en el lucro a partir de un bien básico quienes deberían realizar las aportaciones necesarias para combatir una problemática de la cual son responsables.

Por lo que respecta al bono social eléctrico, es necesario ampliar los baremos de renta para posibilitar que el bono social llegue a todas las familias en situación de vulnerabilidad y pensar en mecanismos que posibiliten un acceso automático para evitar el periplo burocrático a las familias. El reconocimiento de las familias monomarentales como sujeto de derecho y vulnerable es un primer paso adelante para equiparar sus derechos. Lo mismo sucede con otros supuestos de vulnerabilidad, vinculados al nivel de ingresos u otras situaciones de exclusión. La inclusión de las familias con menores de 16 años en el hogar o con personas en situación de dependencia II y III es muy positiva pero las familias en situación de vulnerabilidad deben ser protegidas contra los cortes de suministro, con o sin menores, tengan o no personas con dependencia a cargo. Además, sigue siendo requisito imprescindible para acceder al bono estar en mercado regulado, dejando a la mayoría de la población sin derecho al mismo, en concreto, 15 millones de hogares que se encuentran aún hoy en mercado libre, frente a los 11 millones acogidos a PVPC.

Paralelamente, será necesario un análisis del impacto de las medidas expuestas para abordar cuestiones como la desigualdad de género como un factor de riesgo para sufrir pobreza energética, por ejemplo, realizando un diagnóstico del impacto diferenciado de estas medidas en hombres y mujeres.

De igual modo, el planteamiento del nuevo bono social térmico, asociado en requisitos a un bono social eléctrico que la misma Ministra ha valorado como insuficiente, nos parece muy poco acertado y peligroso. Es necesario garantizar los suministros y las necesidades asociadas a ellos en su totalidad e identificar los perfiles que necesitan esa protección, teniendo en cuenta la zona climática pero también otros aspectos como las características de la vivienda y los usos energéticos del hogar.

Por último, sobre la anunciada “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética”, desde la Alianza hemos trasladado al Ministerio que si el objetivo es implementar medidas estructurales que permitan erradicar la pobreza energética, es necesario que dicha participación no se limite a una simple reunión con la recepción de las demandas correspondientes, sino que se base en la creación de un espacio permanente de trabajo en el cual poder elaborar conjuntamente propuestas transformadoras. En un escenario de goteo constante de medidas cambiantes y burocracia asociada, la experiencia y visión de las personas afectadas sobre las que recae esta problemática es absolutamente imprescindible para poder conectar las actuaciones planteadas con la realidad y ajustar aquello que no esté funcionando. O lo que es lo mismo, alcanzar al fin un urgente cambio de paradigma en las políticas de lucha contra la pobreza energética para pasar del asistencialismo actual a un modelo de empoderamiento individual y colectivo de la ciudadanía.

Desde el Ministerio se nos ha trasladado que medidas como la automatización del bono social, así como la ampliación de criterios de renta que les hemos planteado se van a incorporar en el Plan Nacional anunciado por el gobierno de los próximos seis meses. Otras medidas, que implican exigir una mayor responsabilidad a las empresas energéticas no están siendo contempladas por el Ministerio, pero desde APE creemos que son esenciales para conseguir cambios estructurales y mecanismos eficaces.

Desde APE seguiremos trabajando para que se incorporen aquellos aspectos que el texto no recoge, así como aquellos que no quedan suficientemente definidos en el actual texto. Estaremos vigilantes de que se cumpla el compromiso que el Ministerio ha adquirido para que la sociedad civil sea un actor clave en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Es momento de que se deje de hacer política desde los despachos y se escuche la voz de las personas afectadas.