Miércoles, 14 de noviembre de 2018

Hoy queremos recordar que hace exactamente dos años que sucedió el triste incidente de la muerte de Rosa en Reus: una mujer de 81 años que, como desgraciadamente muchas otras personas, se encontraba en situación de pobreza energética y había dejado de pagar su factura de la luz. La compañía Gas Natural Fenosa, ahora llamada Naturgy, le cortó la luz sin cumplir el principio de precaución que establece la Ley 24/2015, es decir, sin pedir a los servicios sociales el informe de riesgo de exclusión residencial. Este caso saltó a los medios de comunicación y puso sobre la mesa que la pobreza energética mata. Y no solo eso, sino que las empresas tienen una responsabilidad clara en Cataluña – “preguntar antes de cortar” – y que el hecho de no hacerlo puede comportar consecuencias tan graves como que las personas utilicen cualquier medio para alumbrarse, en este caso una vela, con el peligro que ello conlleva.

En su momento la APE ya denunciamos que el caso de Rosa no era un caso aislado, sino que hay miles de familias en Cataluña que se encuentran en la misma situación, y que podían estar en riesgo como Rosa por el hecho de que las empresas suministradoras no estaban cumpliendo con la ley. Así exigimos a la Generalitat que no solo sancionara a las empresas por las denuncias que les llegaban a través de los municipios y las propias familias afectadas, sino que también iniciara expedientes de oficio con el fin de vigilar la actuación de las empresas de manera preventiva. Esta demanda ya era exigida por la APE desde antes del incidente de Reus, pero no fue hasta la muerte de Rosa que la Generalitat empezó a realizar estas inspecciones de oficio que llegaron a ser periódicas. En julio de 2017, la Generalitat había tramitado más de 200 expedientes y casi la mitad habían acabado con sanción. Todas las sanciones han sido recurridas por parte de las empresas suministradoras.

Aunque, gracias a la aplicación de la Ley 24/2015, se han conseguido parar miles de cortes en Cataluña, aún a día de hoy se producen cortes ilegales. Es imprescindible que tanto las personas afectadas como los propios municipios denuncien a la Agencia Catalana de Consumo los cortes ilegales para conseguir que no se corte ni el agua, ni la luz ni el gas a ninguna familia en riesgo de exclusión residencial. 

Más allá de las sanciones por incumplimientos habituales, desde la APE y muchas otras organizaciones que han apoyado la Ley 24/2015 se exigió a la Generalitat que impusiera una sanción ejemplar a Gas Natural Fenosa por el caso de Rosa en Reus y finalmente la sancionó con 500.000 euros. Gas Natural Fenosa recurrió la sanción y aún a día de hoy seguimos sin noticias sobre su pago. 

Gas Natural Fenosa ahora Naturgy, aunque cambiase de nombre, no puede ocultar su irresponsabilidad en materia de pobreza energética. No solo nunca ha aceptado su responsabilidad en el caso de Rosa y ha recurrido la sanción, sino que es una de las compañías que se ha negado a firmar los convenios que establece la Ley 24/2015 para enjugar la deuda de las familias que más están sufriendo. Así, está haciendo caso omiso a las solicitudes de condonación de deuda que han entregado las familias, sin preocuparse de la angustia que su acumulación les provoca.

No podemos permitir que casos como el de Rosa se vuelvan a repetir y por ello en abril de 2017 la APE y un colectivo de bomberos presentamos un protocolo de detección de casos de pobreza energética para implementar en los cuerpos de bomberos. El Ayuntamiento de Barcelona comenzó a aplicarlo el mes siguiente y el Consejero Jordi Baiget se comprometió a hacer lo mismo en el caso del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat antes del verano de ese año. Lamentamos que el Gobierno catalán no cumplió su parte y el protocolo no está activo todavía a día de hoy. Por este motivo, recordamos a la Generalitat su compromiso y exigimos que el protocolo esté activo antes de que acabe el año. 

Desde la APE tenemos muy claro que, para acabar con la pobreza energética, es imprescindible que las empresas suministradoras asuman las responsabilidades establecidas en la Ley 24/2015, tanto en cuanto a detener los cortes como en la condonación de la deuda de las familias vulnerables. Por su parte, la Administración, en especial la Generalitat, es quien debe velar por el cumplimiento de la Ley, así como por desarrollar los protocolos necesarios para poder actuar de manera preventiva y poder evitar casos como el que hoy estamos recordando.

¡No queremos más muertes por pobreza energética!