En materia de vivienda:

a) Ampliación del parque público de vivienda y evitar desahucios

• Aplicar de forma inmediata el principio de solidaridad urbana recogido en la Ley 18/2007 para llegar al 15% de viviendas destinadas a políticas sociales en el año 2027. Exigimos llegar al 7% en 2021 y gradualmente al 15% hasta 2027.

• Aplicar la legislación vigente para ampliar el parque público de alquiler social:

  • Intervenir sobre los inmuebles en mal estado de conservación, en aplicación del artículo 32 y 40 de la Ley 18/2007 y el artículo 4 del Decreto 1/2015, para que cumplan su función social y erradicar las problemáticas que generan en los municipios.

  • Aplicar las sanciones de la Ley 18/2007 a los grandes tenedores de vivienda que incumplen con la función social de la vivienda, con el objetivo de movilizar los pisos vacíos.

• Abordar la necesidad de regularizar las situaciones de ocupación en precario de todas aquellas familias en riesgo de exclusión residencial que se han visto empujadas a esta situación.

• Poner límite a la falta de asequibilidad del mercado de alquiler.

• Destinar las viviendas provenientes de herencias intestadas a la finalidad de vivienda social para cubrir las necesidades de personas en riesgo de exclusión residencial.

• Elaborar anualmente el estudio sobre la población mal alojada que permita identificar la situación del derecho a la vivienda, las necesidades a abordar y los recursos necesarios.

b) Presupuestos que permitan garantizar el derecho a la vivienda y aplicar las leyes vigentes en Cataluña

• Aumentar la partida presupuestaria destinada a políticas públicas de vivienda para poder dar respuesta a las necesidades actuales y para cumplir con las leyes vigentes en Cataluña.

• Acompañar el desarrollo del principio de solidaridad urbana de una partida presupuestaria suficiente para llegar al 7% en 2021 y al 15% en 2027.

• Dotar a los presupuestos de una partida suficiente que permita abrir una convocatoria abierta permanentemente para ayudas al pago del alquiler, evitando así miles de desahucios de alquiler de pequeños tenedores.

• Los presupuestos deben permitir aumentar la Red de Viviendas de Inclusión, así como el Fondo de vivienda de alquiler destinado a políticas sociales y al mismo tiempo abrir contingentes especiales de vivienda pública para personas y familias en diferentes situaciones de vulnerabilidad social (gente mayor, jóvenes, vulnerabilidad económica, diversidad funcional, problemática de salud mental, marginación, etc…).

En materia de pobreza energética:

• Garantizar el cumplimiento del artículo 6 de la Ley 24/2015 que no ha sido afectado por el recurso del Tribunal Constitucional. Para evitar que se vuelva a producir un incumplimiento de la ley de consecuencias fatales como ha sido la muerte de Rosa en Reus:

• En el plazo máximo de una semana iniciar inspecciones de oficio por los incumplimientos de la Ley 24/2015 por parte de las compañías suministradoras aplicando las sanciones correspondientes. Estas inspecciones deben ser periódicas y hacerse públicas así como cuáles son las empresas que incumplen y las sanciones que se apliquen. En el caso de Reus, imponer a Gas Natural la sanción máxima que permita la ley por su incumplimiento, 1 millón de euros.

• Establecer, en los Pliegos de cláusulas administrativas y/o prescripciones técnicas de los contratos a formalizar por parte de las Administraciones Públicas, la prohibición expresa de contratar con empresas suministradoras que tengan sanciones impuestas por incumplimiento de la Ley 24/2015.

• Que la Administración ponga las herramientas para que los servicios de emergencia puedan detectar, identificar y tipificar los casos de incendios relacionados con la pobreza energética.

Dar una solución real al problema de la deuda de las familias y dejar de dedicar fondos públicos a pagar las facturas

• Firmar los convenios, en el plazo máximo de una semana, para que las compañías suministradoras se comprometan a asumir su responsabilidad para dar una solución al problema de la deuda que ahoga a las familias en riesgo de exclusión residencial. En el caso de que éstas se nieguen, exigimos a la Generalitat que haga denuncia pública de su insensibilidad y negativa a dar una solución al problema y que utilice herramientas coercitivas y de presión para obligarlas a firmar.

• Destinar los fondos públicos aportados al Fondo de atención solidaria a medidas de eficiencia energética y rehabilitación de edificios, adoptando mecanismos de corresponsabilización o acuerdo con la propiedad para que las intervenciones de mejora en viviendas de alquiler puedan derivar tanto en rebaja del precio del alquiler como en protección frente a incrementos futuros. Impulsar, a través del Fondo de atención solidaria, planes de inserción y recualificación profesional para personas que tienen dificultades de acceso al mercado laboral normalizado en el ámbito de la eficiencia energética y de la rehabilitación de edificios y viviendas, con el objetivo de convertir la respuesta a este problema en una oportunidad para muchas personas en riesgo de exclusión social.

• Revisar los contratos del parque público de viviendas para ofrecer el precio mínimo de los suministros básicos, ofreciendo tarifas sociales y potencias adecuadas.

Exigir a las compañías suministradoras la firma de los convenios que establece la Ley 24/2015 por los que estas deben comprometerse a:

• Condonar la deuda acumulada por las familias para dar a éstas una segunda oportunidad

• Revisar de oficio los contratos para ofrecer el precio mínimo de los suministros básicos ofreciendo tarifas sociales y potencias adecuadas

• Si aun así, las familias no pueden asumir el coste de las facturas de los suministros básicos a pesar de tener unos consumos ajustados, aplicar un descuento en la factura rebajando su precio hasta que el coste sea asumible para la familia, teniendo como referencia que el gasto en los suministros básicos no puede superar el 10% de los ingresos de la unidad familiar

• Regularizar el servicio de las familias que viven en viviendas sin titularidad y/o contrato del servicio

Por otra parte, las entidades aquí firmantes creemos necesario trabajar la propuesta de una tarifa social, alternativa al bono social actual totalmente insuficiente y que no da respuesta a la situación de las familias, por lo que convocaremos a mediados de enero un encuentro con entidades catalanas y del resto del Estado para empezar a trabajar en ello.

Entidades firmantes:

Aliança contra la Pobresa Energètica
Associació Benestar i Desenvolupament
Càritas Diocesana de Barcelona
CCOO
Cooperativa Tarpuna
Coordinadora d’Assemblees de treballadors/es en  atur de Catalunya
Ecoserveis
Fundació  Mambré
Fundació Hàbitat3
Observatori DESC
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
UGT