La propuesta de Decreto deja las aportaciones de las empresas suministradoras en el aire mientras éstas continúan repartiendo millones en dividendos

Exigimos que se tengan en cuenta las alegaciones presentadas para poder atacar el problema desde la raíz y no perpetuarlo

Barcelona, ​​16 de octubre de 2015

Hoy finaliza el período para presentar alegaciones al proyecto de Decreto por el que se aprobará el Reglamento de desarrollo del Fondo de atención solidaria de suministros básicos. Este fondo tiene por objeto dar apoyo económico a aquellas unidades familiares que no pueden atender los compromisos de pago de los servicios de suministro de agua, electricidad o gas, pero tal y como está planteado parece responder a las necesidades de las empresas suministradoras de cobrar las facturas impagadas.

La Alianza contra la Pobreza Energética hemos presentado alegaciones en este sentido a pesar de considerar que el Fondo no es la herramienta con la que dar solución a los problemas que sufren las 320.000 familias que hoy en día se encuentran con problemas para hacer frente al pago de los suministros básicos.

Nuestra propuesta va encaminada a que las empresas suministradoras se hagan cargo de las deudas acumuladas por la persona o unidad familiar y, por otra parte, que las empresas suministradoras propongan una tarifa personalizada, en función de los ingresos de esa persona o unidad familiar, que en ningún caso podrá ser superior al 10% de los ingresos de la unidad familiar.

Asimismo, además de un planteamiento de base que no compartimos, también vemos cómo el marco de actuación del propio Decreto es insuficiente y por ello hemos presentado alegaciones que principalmente son:

•  Respecto a la Dotación del Fondo, reclamamos que las aportaciones que se definen en este fondo sean únicamente de las empresas suministradoras. Entendemos que de la misma manera que estas empresas gestionan unos servicios básicos y que se lucran con su gestión, también deben asumir la responsabilidad que implica gestionar estos servicios.

•  Respecto a la Gestión del Fondo, reclamamos que se definan criterios de control para revisar la gestión de las aportaciones y el seguimiento que hace la Administración.

•  Respecto a la Comisión del Fondo, planteamos que sea una comisión abierta donde pueda participar cualquier persona interesada en la garantía de los suministros básicos de agua, luz y gas, teniendo en cuenta que las normas reguladoras de los órganos de participación, determinan que las comisiones de trabajo serán abiertas a la participación de la ciudadanía y que su objetivo es hacer seguimiento de los proyectos o iniciativas que se determinen.

La Alianza contra la Pobreza Energética continuará defendiendo que sean las empresas suministradoras quienes se hagan cargo del coste de la pobreza energética en tanto que son responsables como gestores de unos servicios básicos a los que debería tener acceso toda la ciudadanía. La lógica de privatización de beneficios y socialización de las pérdidas se debe terminar.

¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad!

Más información de los miembros de la Alianza contra la Pobreza Energética:
María Campuzano: 647079507