La pobreza energética afecta a más de un 10% de la población en Cataluña. Gracias a la entrada en vigor de la Ley 24/2015 se han conseguido parar en Cataluña más de 39.000 cortes de suministro pero desgraciadamente todavía hay compañías del oligopolio como Gas Natural, Endesa, Iberdrola, entre otras, que siguen incumpliendo la ley. No solo incumpliendo el principio de precaución sino también evitando la firma de los convenios que las obligan a hacerse cargo de la deuda de las familias que no pueden pagar.

Sería de sentido común el hecho de que la administración pública no pudiera contratar con aquellas empresas que violan sistemáticamente los derechos humanos así como leyes aprobadas por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Noticias como las de hoy parece que contradicen este sentido común. Más allá de entrar en argumentos jurídicos, lo que denunciamos es la impunidad con la que actúan estas compañías. Cualquier paso que se ha hecho para defender a las familias de los cortes de suministro o que obligaba a las empresas a asumir alguna responsabilidad, éstas los han llevado a los tribunales: desde el mecanismo de financiación del insuficiente bono social que recaía sobre las empresas del oligopolio, a los protocolos que desarrolló la Generalitat para la aplicación de la Ley 24/2015, hasta el pliego de condiciones de contratación del suministro eléctrico por el Ayuntamiento de Barcelona que pretendía excluir a las compañías que incumplían la ley. Lo que no es de sentido común es que estas compañías continúen utilizando la justicia según conviene a sus intereses, mientras tenemos familias amenazadas por cortes de suministro y con deudas que las ahogan.

Se da la particularidad, además, que pequeñas y medianas empresas eléctricas sí habían aceptado las condiciones del contrato eléctrico con Barcelona. Este hecho deja aún más en evidencia a las empresas del oligopolio, que una vez más no están dispuestas a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y que para ellas los beneficios están por encima de los derechos humanos. Y también constata la urgencia de avanzar hacia la remunicipalización del suministro eléctrico. Es la hora de poner sobre la mesa la necesidad de trabajar otros modelos de gestión de servicios básicos que sí tengan vocación de servicio público y garanticen la universalización de estos derechos. 

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética y la Red por la Soberanía Energética continuaremos luchando para que ninguna familia viva sin agua, luz y gas y continuaremos exigiendo a las administraciones que saquen adelante medidas que obliguen a las empresas del oligopolio a garantizar su acceso y a asumir la responsabilidad que implica gestionar derechos básicos.