Barcelona 31/01/2017

Hoy se convalida en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley (RDL) 7/2016 que regula la financiación del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. Como ya hemos dicho en diversas ocasiones, este RDL es del todo insuficiente porque llega tarde y no da una respuesta integral al problema de la pobreza energética.

El RDL se centra en establecer el mecanismo de financiación del actual bono social como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo el pasado mes de octubre que invalidaba el mecanismo que hacía pagar el bono social a las empresas del sector integradas de manera vertical, es decir, a las empresas del oligopolio. El nuevo mecanismo que integra el RDL 7/2016 es que lo paguen todas las comercializadoras en función del número de clientes, un mecanismo que sigue siendo discriminatorio porque deja fuera otras empresas del sector como la generación o la distribución, esta última concentrada precisamente en 5 grandes empresas que se reparten prácticamente todo el territorio español. Además, el RDL prevé que el reparto de lo que le toca a cada comercializadora asumir se haga en función del número de clientes, contabilizando igual un cliente doméstico que uno industrial, hecho que evidentemente perjudicará a las empresas pequeñas y a cooperativas que con bastante esfuerzo intentan sobrevivir en un mercado dominado por las 5 grandes. Por último, a pesar de que el bono social deberán pagarlo todas las comercializadoras, solo lo podrán ofrecer las comercializadoras de referencia o último recurso, es decir, básicamente las del oligopolio.

En el RDL que pactaron PP y PSOE, el PSOE se vanagloriaba de haber incluido una excepción más en los suministros esenciales, es decir, aquellos que bajo ningún concepto se pueden interrumpir, incluyendo las personas y familias en situación de vulnerabilidad severa. En este RDL no se establece qué significa vulnerabilidad severa ni cuál es el mecanismo para evitar los cortes de suministro; eso queda pendiente de un reglamento posterior que se desarrollará en los próximos 3 meses a partir de hoy. Es decir, a efectos prácticos, hoy por hoy no hay ningún mecanismo para evitar los cortes de suministro en el Estado español, a excepción de Cataluña con la Ley 24/2015.

Es por eso que la semana pasada estuvimos en el Congreso de los Diputados y nos reunimos con todos los grupos parlamentarios para exigir que, como mínimo, el mecanismo para paralizar los cortes sea el principio de precaución, es decir, que las empresas tengan la obligación de, antes de efectuar ningún corte, ponerse en contacto con Servicios Sociales para conocer la situación de la familia y evitar así más muertes por pobreza energética. En segundo lugar, exigimos que la definición de vulnerabilidad severa, que en definitiva serán las personas que van a estar protegidas contra los cortes, sea la misma que la Ley 24/2015. Y por último, la necesidad de crear una ley estatal contra la pobreza energética que sí dé respuesta integral para evitar los cortes de suministro, no solo de luz sino también de gas y agua, que se vaya mucho más allá de un bono social y se establezca una tarifa social que puedan ofrecer todas las comercializadoras pero sea asumida por el oligopolio que, a fin de cuentas, es quien está haciendo negocio con un derecho básico.