La Alianza contra la pobreza energética hacemos un escrache a Gas Natural Fenosa para denunciar la doble moral de la compañía

26.10. 2017

Hoy hemos hecho un escrache a un acto de Gas Natural Fenosa (GNF) para denunciar la doble moral de la compañía. La empresa organizaba hoy una jornada donde, entre otros temas, se abordaba la cuestión de la pobreza energética. Entre otros invitados a la jornada, ha estado presente D. Rafael Villaseca, Consejero Delegado de la compañía, Daniel Navia, Secretario de Estado de energía, y Miguel Arias Cañete, Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía.

No es de extrañar encontrarnos en una misma jornada a miembros del gobierno del PP con los máximos representantes de esta compañía. Es sobradamente conocida la connivencia entre las empresas del oligopolio como GNF, y el gobierno del Estado español. Un ejemplo clarísimo es el nuevo bono social que fue aprobado hace dos semanas por el gobierno del PP y que responde claramente a los intereses de compañías como GNF y no a los intereses de las personas que sufren pobreza energética. Un nuevo bono social que en lugar de coger el ejemplo de la Ley 24/2015, pasa la responsabilidad a la Administración y se preocupa más de que empresas como GNF puedan cobrar sus facturas a expensas de fondos públicos, que de dar solución al sufrimiento de las familias.

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) queremos denunciar no solo la connivencia entre la compañía y el gobierno español sino también la irresponsabilidad de GNF hacia esta problemática, y cómo esta jornada forma parte de una campaña de lavado de imagen que la compañía ha puesto en marcha hace varios meses. Esta campaña es una respuesta clara a la muerte de Rosa en Reus debido a un incendio ocasionado por una vela que usaba porque GNF le había cortado la luz ilegalmente. La compañía no ha aceptado nunca la responsabilidad y finalmente la Generalitat de Cataluña le ha puesto una sanción de 500.000 € que la compañía todavía no ha pagado y podría ser que incluso la hubiera recurrido.

Pero la actuación irresponsable de la empresa no se queda aquí. GNF, junto al resto de empresas del oligopolio (Endesa, Iberdrola, EDP y Viesgo) ha puesto todos los impedimentos posibles para no cumplir la Ley 24/2015. La empresa ha utilizado los tribunales para intentar paralizar la aplicación de esta ley, que permite parar los cortes de suministro a las familias vulnerables de Cataluña. Ha recurrido en un contencioso administrativo el protocolo que hizo la Generalitat para informar sobre cómo aplicar la ley, ha recurrido la instrucción del Ayuntamiento de Barcelona que iba en el mismo sentido y ha recurrido las cláusulas sociales de la contratación pública, tanto del Ayuntamiento de Barcelona como del de Madrid. Y por si esto no fuera suficiente, no ha firmado el convenio que prevé la Ley 24/2015 para hacerse cargo de las deudas de las familias vulnerables. Llama la atención, como mínimo, que mientras GNF no se quiere hacer cargo de las deudas de las familias vulnerables. solo en 2016 obtuvo 4.970 millones de euros de beneficios e invirtió 357 millones en publicidad. Este es el compromiso de GNF para acabar con la pobreza energética: NINGUNO.

La empresa anunció que invertía 4,5 millones de euros en su campaña de lavado de imagen titulada “Plan de Vulnerabilidad Energética”, pero la realidad es que hay miles de clientes vulnerables que acumulan deudas con la compañía. Desde la APE presentamos una solicitud de condonación de la deuda de una decena de familias en el mes de julio que se encuentran en situación de vulnerabilidad y no pueden hacer frente al pago de las facturas de luz y gas que tienen con la compañía. Esta ni siquiera ha respondido nuestra solicitud. GNF lleva meses apareciendo en todos los medios explicando todo lo que están dispuestos a hacer para ayudar a las personas vulnerables pero, en la práctica, en lugar de buscar soluciones por estas familias, lo único que busca es cobrar las facturas impagadas, y el nuevo bono social aprobado por el PP le facilita el trabajo. En la APE tenemos constancia de que el pasado 28 de julio la compañía envió una carta a varios ayuntamientos (entre ellos los de Barcelona, Sabadell y Rubí, a pesar de que intuimos que lo han hecho a muchos más ayuntamientos de Cataluña) alertando de que, según el nuevo bono social, las medidas de protección previstas para los clientes vulnerables severos solo serán aplicables a los clientes cuyas facturas hayan sido abonadas en un porcentaje de al menos el 50% por parte de la Administración. Esto es una clara amenaza a los municipios catalanes para que paguen el 50% de toda la gente identificada como vulnerable porque si no la compañía no continuará con la protección que tenían hasta ahora, es decir, se les cortaría el suministro. Cuando en realidad los pagos de todos los cortes parados con la 24/2015 se tienen que concretar a los convenios mencionados, y no a través del bono social.

Desde la APE queremos dejar muy claro, que todo y la entrada en vigor del nuevo bono social, gracias a la Ley 24/2015 los cortes de suministro a familias vulnerables en Cataluña son ilegales. Por lo tanto, no permitiremos que ni GNF ni cualquier otra compañía incumpla la ley catalana, igual que seguiremos vigilantes para que ninguna Administración se lo permita.

No permitiremos que haya ni un caso más como el de Rosa de Reus.

¡La Ley 24/2015 salva vidas!

Menos campañas de “hecho y dicho” y más cumplir la 24/2015.