Barcelona, 12 de Febrero de 2015 – Desde la creación de la “Mesa de la pobreza energética” en julio del último año, el Govern ha cooptado los medios de comunicación con titulares como “Cataluña garantiza la luz y el agua a las familias más vulnerables”, pero en los hogares catalanes nos encontramos con una situación muy diferente. Se calcula que más del 10% de la población catalana sigue sufriendo pobreza energética (unas 320.000 familias). Desde la Alianza contra la Pobreza Energética todas las semanas ponemos rostro a estas estadísticas deshumanizadas a través de asesoramientos colectivos donde acuden las personas afectadas.

En la última semana casos como el de Carmen han saltado a los medios de comunicación y han sido una muestra de la vulneración sistemática de los derechos humanos que se genera día tras día en este país. Carmen y Rafael con sus dos hijos, Miguel -con una discapacidad psíquica del 68%- y Tamara -que hace un año tuvo a su hijo Kevin- viven desde hace un año sin luz porque Endesa les cortó el suministro por no poder pagar los recibos.

Debido a la presión ciudadana, el pasado mes de diciembre el Govern aprobó en el Parlament la modificación de la Ley 22/2010, del Código de Consumo de Cataluña, donde la Generalitat se comprometía a garantizar que a ninguna familia se le interrumpiría el servicio por problemas económicos, con la presentación de un informe de los Servicios Sociales donde se constataba la situación de vulnerabilidad socioeconómica. Paralelamente el Govern aseguraba la activación de un fondo extraordinario para ayudar a aquellas familias que no pudiesen hacer frente a los recibos. Un fondo que, de manera equívoca, estará dotado principalmente de financiación pública y que mantiene mecanismos anteriores como: el aplazamiento o el fraccionamiento, obligando a las familias a sobreendeudarse. Además, gracias a la denuncia constante sobre la falta de información de las multinacionales, la Generalitat incluyó un artículo que obliga a las empresas suministradoras a informar de forma detallada a los usuarios cuáles son los protocolos existentes para poder evitar la finalización del servicio. Una información que hoy por hoy la están dando la APE y otras entidades sociales.

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética denunciamos públicamente que a día de hoy, ni el fondo, ni la garantía del no corte, ni la información en las cartas de interrupción del suministro se están llevando a la práctica.

Además, consideramos intolerable que ante una situación de emergencia social que toca ya 320.000 hogares catalanes, el Govern presente tarde y de manera ambigua una batería de medidas insuficientes de las que ni siquiera puede asegurar su cumplimiento.

Tarde porque ya son muchos los hogares catalanes que viven sin garantía de un mínimo acceso a los servicios básicos.

Ambiguo porque no se aborda con medidas concretas los mecanismos de fiscalización de cumplimiento de la ley, ni tampoco cuáles son los requisitos que hay que presentar para acogerse al fondo de ayuda económica. No da señales de la parte total de las facturas que cubrirá este fondo ni cuáles serán sus canales de entrada.

Insuficientes porque no garantizan las demandas de mínimos que las organizaciones sociales y la ciudadanía exigen:

• Garantizar el derecho del acceso a suministros básicos de agua, electricidad y gas de las personas en situación de vulnerabilidad.

• Garantizar que no se produzcan cortes indiscriminados de suministros.

• Apelar a la responsabilidad de las empresas suministradoras para que cubran los costes asociados al mantenimiento de los suministros y a la deuda generada que no pueda ser cubierta por las personas en situación de vulnerabilidad.

Reivindicamos que hoy en día, a pesar de las promesas del Govern, siguen los cortes indiscriminados en Cataluña, y que hay que poner fin a esta barbarie para que casos como el de Salomé desaparezcan.

Por ejemplo, Salomé tuvo una interrupción de su servicio el pasado día 2 de febrero, después de presentar a la empresa de Gas Natural un informe de los servicios sociales que acredita que los cinco miembros que conforman la familia viven con una prestación de 426 euros. La respuesta de Gas Natural, desafiando la Ley, fue emitir la orden de corte a los pocos días.

Ni las gélidas temperaturas sensibilizan al Govern y a las empresas suministradoras y los casos se multiplican día tras día. Las empresas siguen abusando de su poder fáctico, realizando prácticas abusivas como en el caso de Joana. Ella y su familia de 9 integrantes recibieron una baja de contrato de Endesa, dejando sin luz a todos sus miembros el pasado 5 de febrero, sin ninguna notificación previa de la rescisión del contrato.

Le recordamos al Consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, que estaremos siguiendo muy de cerca las políticas en materia de suministros básicos, y que si no lleva a cabo su compromiso nos veremos obligadas a seguir movilizándonos para auto tutelar nuestros derechos.

¡Este 2015 ni un solo vecino o vecina con sed, frío u oscuridad!

Alianza contra la Pobreza Energética,

Barcelona, 12 de febrero de 2015

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Para más información (contactos):

Tatiana Guerrero 687408435

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