La Alianza contra la Pobreza Energética sale a la calle con una Flashmob para desenmascarar públicamente al Gobierno de la Generalitat que no ha manifestado voluntad política para garantizar el acceso a los suministros básicos a todos.

Hace exactamente un mes, desde la Alianza contra la Pobreza Energética denunciamos que en Cataluña seguíamos sin medidas efectivas para combatir la pobreza energética y evitar los cortes indiscriminados de los suministros básicos a las familias en situación de vulnerabilidad. A día de hoy no ha habido ninguna mejora.

Durante estos meses de espera, sin embargo, el Govern ha mostrado su incapacidad para hacer frente a las empresas suministradoras, reafirmando que dejar en manos privadas la gestión de los suministros básicos no hace más que convertir nuestros derechos en unos privilegios que únicamente los hogares con recursos económicos se pueden permitir.

Declaraciones como las del consejero de Empresa y Empleo Felip Puig, asegurando el pasado 4 de febrero desde el Parlament, que en Cataluña no hay ninguna familia sin agua, luz o gas por motivos de pobreza energética, son indignas de quien en teoría dedica su tiempo a velar por los intereses y necesidades de los ciudadanos de Cataluña y le inhabilita política y moralmente para ejercer este cargo. Estas declaraciones del consejero, así como la ausencia de cualquier fiscalización a las empresas suministradoras son un claro ejemplo.

Desde la aprobación de la modificación de la Ley 22/2010 del Código de consumo de Cataluña, casos como el de Salomé siguen presentes en los hogares catalanes y el Govern no ha establecido ningún mecanismo para exigir el cumplimiento de la ley. A Salomé le cortaron la luz el pasado mes de febrero, con un informe de vulnerabilidad en la mano, y la respuesta de la empresa suministradora fue una negativa y el desconocimiento del Código de consumo.

En las últimas semanas, hemos hecho públicos decenas de casos como el de Salomé, que muestran la incapacidad del Govern para poner fin a las prácticas abusivas y dejan bien clara la falta de sensibilidad de las empresas suministradoras con la pobreza energética, cuando minimizan la situación de emergencia social, escondiendo los datos de cortes en nuestro territorio. Está claro pues, que nuestros políticos se comportan como unos títeres en manos de las empresas suministradoras y de su gran poder económico y mediático.

Este comportamiento de indefensión frente a las empresas suministradoras no es un elemento casual, ya que, la relación entre algunos sectores de la política y el mundo energético en Cataluña es un terreno fangoso. Las conexiones son directas, claras y visibles. La presencia de antiguos cargos políticos catalanes en los consejos de administración de las empresas energéticas son desgraciadamente noticias persistentes en los medios de comunicación.

El actual partido de Gobierno de Cataluña ha sido protagonista del uso de puertas giratorias en muchas ocasiones, como en el caso de Heribert Pedrol Muntaner, exdiputado de CiU que en la actualidad ejerce de consejero de la multinacional Gas natural, o el caso de Miquel Roca que forma parte de la comisión ejecutiva de Endesa desde el año 2013 como consejero “externo-independiente” con un sueldo anual de 648.000 euros y además es Secretario del Consejo de Administración de Agbar.

Exigimos valentía y transparencia al Gobierno de la Generalitat porque nos enfrentamos a una situación de emergencia social que tan sólo se revertirá con políticas que realmente garanticen el acceso a los suministros básicos. La modificación de la Ley del Código de consumo no puede ser una nueva cortina de humo para dejar de hacer frente a las empresas suministradoras. Se necesitan soluciones lejos de los movimientos, más bien trasiegos, de altos cargos entre la administración pública y la empresa y viceversa, apelando a un beneficio personal y privado. Hay que exigir responsabilidad a las empresas suministradoras, huyendo de que sea la administración pública quien tape los agujeros de la pobreza energética transfiriendo fondos públicos para cubrir las facturas impagadas de las familias, tal como se plantea en el hipotético Fondo de solidaridad para los suministros básicos que la Generalitat tanto promociona pero que hoy en día no está concretado. Estas medidas responden más a garantizar el cobro de facturas impagadas a las empresas suministradoras que a solucionar la situación de las familias. Una nueva muestra de cómo el Govern se somete a los intereses de estas multinacionales.

En este sentido, la ILP que estamos promoviendo junto con la PAH y el Observatorio DESC, responde a esta necesidad y agrupa un conjunto de medidas urgentes que permitirán revertir las graves dificultades en el acceso a los suministros básicos en Cataluña y hacer frente a la pobreza energética, exigiendo responsabilidad a las empresas suministradoras.

Exigimos al Gobierno de la Generalitat que actúe por el interés general y al servicio del pueblo y haga frente de una vez por todas a las empresas suministradoras proponiendo soluciones reales contra la pobreza energética.

¡Ni sed, ni frío, ni oscuridad!

¡Basta de convertir derechos en privilegios!

Más información:

Tatiana Guerrero: 687408435 // María Campuzano: 647079507