05.05.2017

El Real Decreto que reforma el bono social que está preparando el gobierno del PP queda muy lejos de la protección que ofrece la Ley 24/2015 de Cataluña.

El gobierno del Partido Popular, con el apoyo del Partido Socialista, está preparando un Real Decreto (RD) que plantea una reforma significativa del bono social. Si bien da un paso adelante en el reconocimiento de la existencia de consumidores vulnerables (obligación que España desatendía desde 2009, marcada por Directivas Europeas), su definición dista mucho de ser una reforma que dé respuesta a las situaciones de pobreza energética que afectan hoy en día a más de un 11% de la población en el Estado español.

La definición de vulnerabilidad es totalmente insuficiente y la protección contra los cortes de suministro es ínfima (y solo si se asegura el pago de facturas) adjuntamos cuadro resumen

El borrador plantea tres definiciones de vulnerabilidad: consumidor vulnerable, consumidor vulnerable severo y consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social. Cada una de estas categorías tendrá un descuento que oscila entre el 25% y el 40% de la factura teniendo en cuenta un límite de energía en función de la unidad familiar. La propuesta modifica el bono social anterior en el que el descuento era únicamente del 25% y no incluía criterios de renta.

El problema principal es que los criterios de renta que se incluyen son muy bajos, excluyendo a muchas familias de su protección. Además, la única protección que recoge el RD es básicamente descuentos para pagar las facturas, pero la protección contra los cortes de suministro solo se contempla en el caso de consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social (con una renta inferior a 399,38€ que como máximo puede llegar a 1.065€ en el caso de familias numerosas), siempre y cuando la Comunidad Autónoma o el ayuntamiento se comprometa a asumir el 50% de la factura (antes del descuento del Bono Social). Por tanto, la única protección contra cortes de suministro se asocia a que Servicios Sociales pague facturas. La pobreza energética es una de las más silenciosas para las personas y familias que la sufren y da lugar a una importante pérdida de calidad de vida. Es evidente que este nuevo RD no ha sido redactado con la voluntad de dar respuesta al problema de los cortes de suministro, dando un enfoque economicista que pasa por que la Administración resuelva y asuma el pago de los suministros de algunos de los más vulnerables a empresas cuyos beneficios son, cuanto menos, ofensivos.

Por otro lado, el nivel de renta fijado para impedir los cortes resulta por lo menos incoherente en un país en el que el riesgo de umbral de pobreza de situaba en 2014 en 8.011 euros anuales. No solamente eso, sino que además es necesario que la Comunidad Autónoma o ayuntamiento correspondiente tenga fondos para pagar la mitad de la factura. No olvidemos que además estos consumidores en riesgo de exclusión social deben ser seguidos por Servicios Sociales a modo de requisito; en los casi dos años de aplicación de la Ley 24/2015, en Cataluña nos encontramos con que más del 80% de las familias en situación de posible corte no estaban registradas por Servicios Sociales. El RD plantea que a ellas sí se les pueda cortar el suministro.

Al final queda claro que el RD está protegiendo los intereses de las empresas del oligopolio y les garantiza que, en los poquísimos casos que no van a poder cortar, al menos el 50% de la factura la va a asumir Servicios Sociales o la Comunidad Autónoma. Se reglamenta en forma de RD un trasvase constante de fondos públicos a empresas que, ya de por sí, ostentan grandes beneficios.

No se incluye el principio de precaución

En la propuesta se incluye la obligación de las comercializadoras de comunicar electrónicamente a un organismo designado por la Comunidad Autónoma el listado de las personas amenazadas de corte de suministro, pero solo es a título informativo y no asegura paralizar el corte. Una medida totalmente insuficiente teniendo en cuenta que podrían haber tomado como referencia el principio de precaución de la Ley 24/2015 de Cataluña, por el cual las empresas no pueden cortar el suministro a nadie sin antes consultar a Servicios Sociales sobre la situación de vulnerabilidad de la familia. Es decir, la Administración tendrá información sobre quién está amenazado por un corte de suministro pero no tendrá un mecanismo para paralizar los cortes.

El bono social no será automático

El mecanismo para detectar estos casos y paralizar los cortes es muy complejo. Además, no solo la aplicación del bono social no es automática sino que debe renovarse cada año, dificultando mucho su aplicación y añadiendo burocracia innecesaria a las familias.

No basta con que la comercializadora tenga la obligación de comunicar al consumidor sobre la posibilidad de acogerse al PVPC sino que debería realizar el cambio automáticamente

En cambio sí que será automática la consulta que podrán realizar las comercializadoras de referencia para comprobar, en la base de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que sean ciertos los requisitos de vulnerabilidad. ¿Por qué la misma consulta no puede servir para aplicar el Bono Social? Una vez más, la Administración persigue y criminaliza a los más desfavorecidos, poniendo trabas a lo que deberían ser garantías.

Mecanismo de financiación sigue beneficiando al oligopolio

A priori podría parecer que con este RD se le pide más aportación a las empresas suministradoras, pero lamentablemente la realidad no es así. Ya denunciamos en su momento, cuando se aprobó el RDL que este borrador desarrolla, que el hecho de que solo las comercializadoras asuman el coste del bono social nos parecía un error. Además, es injusto que los descuentos que asumen las comercializadoras sean según nº total de clientes (contando igual un cliente doméstico que un cliente industrial), en detrimento de un sistema que tenga en cuenta el volumen de negocio, o el volumen de kWh comercializados. Esto beneficia en sobremanera a las grandes empresas del oligopolio, y da a las pequeñas comercializadoras una responsabilidad difícil de asumir que las puede llevar a la ruina.

En definitiva, nos parece lamentable que no se haya tenido en cuenta que en Cataluña existe la ley más garantista en materia de pobreza energética, no solo del Estado, sino de toda Europa. La Ley 24/2015 protege a las familias vulnerables de los cortes de suministro, aplicando el principio de precaución y atendiendo a la realidad existente en materia de riesgo de pobreza energética. Es una ley construida desde y con la ciudadanía, que podría servir de inspiración y ampliarse su protección al resto del Estado español. Es por eso que estamos promoviendo junto a la PAH la Ley de vivienda de la PAH, una propuesta de ley presentada en el Congreso de los diputados, que legislaría en su 5º apartado en este sentido, garantizando el acceso a los suministros básicos, no solo de electricidad sino también gas y agua, asegurando el acceso a una vivienda digna.

Sin embargo, esta reforma es un claro ejemplo de una norma que se está pensando de arriba a abajo, desde el poder político y económico. Una ley que pone en duda que el objetivo del PP y del PSOE sea garantizar el bienestar de la ciudadanía. De nuevo se estigmatiza la pobreza, se establecen límites de renta abusivos y se legisla del lado de las empresas que controlan la distribución eléctrica en el Estado.

El suministro energético es, por razones obvias, indispensable para garantizar unas condiciones de vida dignas a las familias. Esta propuesta de RD niega, una vez más, el enfoque de derechos y redunda en la energía únicamente como bien económico que, lejos de satisfacer las necesidades mínimas de los ciudadanos, es tratada como objeto de lucro. Protege, por lo tanto, los intereses empresariales de las distribuidoras e incluso garantiza que las Administraciones se responsabilicen de parte de las facturas, asegurando así los beneficios privados por encima del bienestar común.

Para consultar el RD clica 20170503_RD bono social