En Cataluña, gracias a la Ley 24/2015, las familias están protegidas contra los cortes de suministro. A pesar de que hoy en día todavía se continúan produciendo cortes ilegales por incumplimiento de la ley por parte de las compañías suministradoras, en los dos años que trae en vigor la ley se han conseguido parar más de 30.000 cortes de suministro. En la situación actual, pero, a pesar de que estas familias están protegidas contra los cortes, su deuda con las compañías se va acumulando. La ley exige que la Administración firme convenios con las empresas de agua, luz y gas porque sean estas las que asuman la deuda de las familias, pero hasta el momento sólo se han firmado unos convenios muy genéricos con las empresas de agua. Estos se han limitado a incluir las ayudas que ya daban las compañías y que eran del todo insuficientes, y todavía no se ha firmado ningún convenio en cuanto a las empresas de luz y de gas. El resultado de esto es que muchísimas familias ven que cada día aumenta su deuda con las compañías suministradoras así como su angustia para no poder pagarlo.

Cómo que las empresas suministradoras se niegan a firmar convenios donde tienen que asumir las deudas, sumado a la carencia de valentía por parte de la Generalitat para exigir su firma, muchos ayuntamientos están dedicando partidas ingentes de sus presupuestos para pagar facturas. Por otro lado, cada año la Generalitat ha ido poniendo dinero para pagar facturas o transfiriendo recursos a los ayuntamientos porque estos las gestionaran. En el presupuesto del 2017 la Generalitat previó 10 millones de euros para pagar facturas de suministros básicos. Desde el APE tenemos claro que esta no es la solución, puesto que transferir fondos públicos para pagar algunas facturas no es más que continuar alimentando los beneficios de estas empresas multimillonarias y, lejos de dar una solución a las familias, se acerca más a dar solución de impagos a las empresas suministradoras.

Son sobradament conocidos los beneficios que acumulan estas empresas, sólo tenemos que mirar las cifras del año pasado donde Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, obtuvieron un beneficio conjunto de 5.463 millones de euros en 2016. Desde el APE tenemos muy claro que mientras el sistema continúe siendo controlado por estas pocas empresas que hacen negocio con la gestión de derechos fundamentales, como son el agua y la energía, tienen que ser ellas las que asuman la deuda de las familias con sus beneficios multimillonarios.

La lógica del pago de facturas por parte de la Administración actúa a posteriori, cuando la deuda ya se ha generado, pero desde un enfoque de derechos se tendría que plantear como garantizar que a pesar de que las familias no puedan pagar tengan los mismos derechos que el resto. Una buena herramienta sería la existencia de una tarifa social en función de los ingresos de las familias asumida con los beneficios de estas empresas. Desgraciadamente en lugar de tarifas sociales, en el mejor de los casos, el que tenemos son descuentos en las facturas como el bono social eléctrico, o la llamada tarifa social de Agbar que no es una verdadera tarifa social sino unos descuentos entre el 25 y el 50% sobre algunos conceptos concretos, y con requisitos bastante restrictivos. En el caso del gas, no existe ningún tipo de descuento ni ayuda asumida por la empresa suministradora.

Las familias, por lo tanto, se encuentran con deudas inasumibles con los pocos ingresos que tienen y que en muchos casos se han encontrado con situaciones de tener que escoger entre pagar la comida o las facturas de los suministros básicos. Además, compañías como Endesa o Gas Natural venden las deudas de las familias a empresas de recobro que asedian sistemáticamente a las familias amenazándolas y terroritzant-las con traerlas a juicio si no pagan la deuda pendiente.