El pasado julio la ciudadanía organizada conseguimos aprobar la ILP de vivienda en el Parlamento de Cataluña, la ley más garantista en relación al derecho a la vivienda y la pobreza energética que hemos tenido nunca en Cataluña. Esta ley, que cambia el paradigma dominante hasta ahora, conlleva nuevos derechos y deberes, ya que corresponsabiliza al gran tenedor de vivienda y a las empresas suministradoras y, a la vez, da herramientas a la administración pública para conseguir que la ciudadanía tenga un acceso garantizado a la vivienda. La ley 24/2015 está vigente desde agosto, y todos los ayuntamientos, al tiempo que la Generalitat, deberían estar utilizando todas estas herramientas que la ley proporciona para garantizar el derecho a la vivienda. Esperamos pasos valientes de todos los ayuntamientos de Cataluña, y las PAHs presionaremos para que así sea.

Mientras tanto hoy, tres meses después de esta aprobación, celebramos que el Ayuntamiento de Barcelona anuncie en rueda de prensa que empiezan a aplicar de forma efectiva la ley 24/2015 y que, por tanto, se disponen a cumplir las obligaciones que les impone. Celebramos especialmente el anuncio hecho por la alcaldesa, Ada Colau, de iniciar el procedimiento de cesión obligatoria sobre 562 viviendas vacías que la Sareb tiene en nuestra ciudad.

Por otra parte, también valoramos muy positivamente el establecimiento de protocolos e instrucciones concretas que se harán llegar a todos los actores de la administración implicados en la aplicación de la ley, como son Servicios Sociales o las Oficinas de Vivienda. Durante meses hemos estado reclamando estas instrucciones, el día a día en nuestra asamblea constata que hacen mucha falta.

En cuanto a la lucha contra la pobreza energética, compartimos también la intención de mejorar los acuerdos a los que el Ayuntamiento de Barcelona había llegado con las empresas suministradoras, que hasta el momento se basaban en el pago por parte del consistorio de las facturas impagadas a estas empresas. Tal y como ha anunciado la teniente de alcaldesa Laia Ortiz, lo que se plantea en la ley 24/2015 es la corresponsabilidad de las empresas suministradoras en la pobreza energética y por tanto, en los nuevos convenios se debe buscar su implicación económica en el problema, no sólo facilitar los trámites para que el ayuntamiento les pague como ha sido hasta ahora. Es prioritario, ahora que tenemos el invierno a las puertas, que se refuercen las medidas contra la pobreza energética y se aplique el principio de precaución que establece la ley 24/2015 para evitar los cortes de suministro. No podemos permitir que ninguna familia se quede sin acceso a los suministros básicos y, por este motivo, pedimos a todos los ayuntamientos que en el caso de que la empresa suministradora no aplique el principio de precaución tal como establece la ley, la administración local aplique las sanciones correspondientes recogidas en el código de consumo.

Por otra parte, creemos que es necesario replantear el convenio con justicia, como hoy han anunciado desde el Ayuntamiento, con el fin de adaptarlo a la ley 24/2015 y conseguir así agilizar la comunicación entre los juzgados y el Ayuntamiento para poder actuar preventivamente en casos de desahucios.

Es necesario continuar aplicando todas las medidas que la Administración tiene a su alcance, por lo que el anuncio de 11 nuevas sanciones a entidades financieras por viviendas vacías nos parece otra medida en la dirección correcta. Animamos al equipo de gobierno a continuar por esta línea. Desde la PAH Barcelona nos mantendremos vigilantes para garantizar que así se haga. Igualmente, el concejal de Vivienda, Josep María Montaner, ha manifestado que sancionarán (hasta 90.000€) a los grandes tenedores de vivienda que no hagan oferta de alquiler social antes de ejecutar un desahucio, tal como marca la ley, sanciones que esperamos y presionaremos para que se materialicen con la primera vulneración que se produzca.

En el ámbito de ciudad es imprescindible abordar las ocupaciones en precario: hoy se ha anunciado la creación de un equipo de mediación que abordará estas situaciones. Entendemos que es necesario que las entidades sociales trabajemos conjuntamente con el Ayuntamiento para llegar a una solución integral y no caso por caso.

Un camino a seguir por todos los ayuntamientos catalanes

Animamos al Ayuntamiento de Barcelona, ​​así como a otros de Cataluña, a continuar aplicando la ley 24/2015, una ley hecha por la ciudadanía, que una vez más ha demostrado ir por delante de la Administración. Y los alentamos a requerir cesiones obligatorias de las viviendas vacías de todos los grandes tenedores de la ciudad, no sólo la SAREB, y también a hacer el control efectivo de la oferta de alquiler social por parte del gran tenedor de vivienda, sancionándolo, de lo contrario, con 90.000 €. A garantizar ayudas para los casos de desahucio de pequeño tenedor, y en todos los casos a cumplir con la ley garantizando el realojo digno de las familias que están en proceso de pérdida de vivienda.

También consideramos que se necesita de manera urgente que el consistorio haga el tan reclamado censo de viviendas vacías en Barcelona y aplicar la sanción que establece la LCDH 2007.

El concejal de Vivienda reconocía hoy que no toda la ciudadanía conoce la ley 24/2015 y los derechos que esta ley garantiza, es por eso que pedimos también a los consistorios de todo el territorio que utilicen todos los recursos a su alcance para hacer llegar esta información a todas las familias que viven en Cataluña.

Queremos recordar al Ayuntamiento de Barcelona que la aplicación integral de la ley permite parar los desahucios en toda la ciudad, recordatorio que hacemos extensivo a todos los municipios de Cataluña, garantizando el realojo de todas las personas que están en riesgo de exclusión residencial y además hacerlo cambiando el paradigma, haciendo que los grandes tenedores asuman la responsabilidad de hacer negocio con un bien de interés general, sin que el esfuerzo económico recaiga sobre el erario público y las urgencias sociales las paguemos los ciudadanos y no los que las generan.

Por último, instamos a todos los ayuntamientos de Cataluña a seguir estos pasos, es decir, a aplicar la ley 24/2015 e instamos a la Generalitat de Cataluña a desarrollar inmediatamente el reglamento que debe hacer efectivo el mecanismo de segunda oportunidad, dotando presupuestariamente una partida para hacer efectivo el despliegue total de la ley.