Ante la existencia de leyes con mayor protección como la Ley 24/2015 exigimos que se aplique siempre la normativa más garantista

Barcelona, 11 de octubre de 2017

Este martes ha entrado en vigor el nuevo bono social de electricidad después de más de 9 meses de tramitación en el Congreso de los Diputados. Un nuevo bono social que no responde a las necesidades de los millones de personas que sufren pobreza energética en el Estado español.

En el largo proceso de tramitación se incorporó una consulta pública en la que la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) participamos, así como otras organizaciones y administraciones autonómicas y locales. El resultado ha sido la introducción de pequeñas modificaciones principalmente procedimentales que no implican cambios sustanciales, y hacen que este nuevo bono social se quede muy corto, una vez más.

De las modificaciones que planteamos, valoramos positivamente que no se haya limitado la definición de consumidor vulnerable a formar parte de una unidad familiar, tal y como introdujimos en nuestras alegaciones. Son también mejoras respecto al bono social previo la incorporación de algunas protecciones a los consumidores para evitar la tendencia de las empresas de pasar a los clientes de mercado regulado a mercado libre. En cualquier caso, no es una protección suficiente teniendo en cuenta la agresividad con la que actúan estas empresas que no tienen ningún interés en que los consumidores estén en mercado regulado, requisito imprescindible para poder acceder a los descuentos que plantea el bono. De hecho, se detecta automáticamente a las familias que ya no tienen derecho, pero no sucede así para poder beneficiarse de él. Se considera un avance el hecho de que se informe expresamente a los que se cambien a mercado libre de que perderán el bono social, pero lo necesario sería cambiar, de oficio, a aquellas familias que cumplen los requisitos para acogerse a él. ¿Cómo se va a informar a las familias que tienen este derecho? Recordemos que ahora mismo solo se acogen el 40% de los potenciales beneficiarios. Enviar una carta al conjunto de los consumidores es, de nuevo, una propuesta de mínimos, cuando se podría plantear la aplicación automática (igual que está automatizada la no-aplicación).

El problema principal es que este bono social no se centra en proteger a los consumidores vulnerables de los cortes de suministro sino que se limita a regular unos descuentos que, además, solo van a poder ofrecer las comercializadoras de referencia pero que deberán pagar todas. Una medida que evidentemente beneficia al oligopolio y pone en peligro iniciativas como las de pequeñas cooperativas que intentan plantear alternativas en un mercado eléctrico controlado por las cinco grandes empresas.

La protección contra los cortes de suministro es por tanto casi inexistente: se limita a familias en una situación económica límite (ver baremos en tabla adjunta), que estén siendo atendidas por servicios sociales y siempre y cuando la Administración se haga cargo previamente del 50% de la factura para evitar el corte. Una medida que, de nuevo, beneficia al oligopolio y significa una vez más el traspaso de fondos públicos para seguir alimentando los beneficios multimillonarios de estas empresas. Es un sinsentido que en este nuevo bono social no se haya incorporado el principio de precaución, que recoge la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética, por el cual a ningún consumidor vulnerable se le puede cortar la luz sin una comprobación previa de servicios sociales de su situación de vulnerabilidad, cuyos baremos de renta son más elevados y ajustados a la realidad de las familias que hoy en día sufren pobreza energética.

La Ley 24/2015 es, por tanto, mucho más garantista. APE ya advirtió en su momento que no tenía sentido plantear un bono social y una “protección” a los cortes que pudiera variar de Comunidad Autónoma en Comunidad Autónoma. Se insistió a los distintos grupos políticos que no se podía cometer la irresponsabilidad de usar este RDL para implementar una protección que fuera solo de mínimos, dejando a muchísima gente fuera. La propuesta de APE fue entonces, y sigue siendo ahora, equiparar lo planteado en el Congreso con la Ley 24/2015 del Parlamento de Cataluña, que es de hecho la ley más garantista de la Unión Europea a nivel de protección de los cortes de suministro no solo de electricidad, sino también  degas y agua.

No podemos permitir dejar una puerta entreabierta para que las eléctricas dejen de proteger a las familias vulnerables que sí entran en los baremos de la Ley 24/2015 pero no en los del nuevo bono social. Esa desprotección tiene consecuencias, y es que además de salvar vidas, la Ley 24/2015 ha sacado a la luz un 80% de familias con impagos que nunca antes habían acudido a Servicios Sociales. Seguir obviando a estas familias es perpetuar su situación, cuando las podríamos estar protegiendo.

Trasladamos nuestra más profunda crítica a una iniciativa que desde el primer día ha pretendido “mejorar” el bono social existente hasta entonces, sin dar solución al problema de raíz: los cortes de suministro. Desde APE seguiremos trabajando para que la protección de la Ley 24/2015 se amplíe al resto del Estado español, pero mientras convivan las dos normativas, la ley que deben aplicar, tanto las empresas como la Administración, es la más garantista y, por tanto, en lo que respecta a la protección contra los cortes de suministro, debe continuar aplicándose la Ley 24/2015. Desde la APE estaremos pendientes de que así sea, y cualquier incumplimiento que se produzca lo denunciaremos como hemos hecho siempre, con toda la contundencia y la razón que nos da la protección de los derechos humanos como son el acceso a los suministros básicos.

¡Ni una familia sin agua, luz y gas!