Ante los casos de suministros irregulares en viviendas recuperadas la APE exige que se asegure la regularización de estas situaciones y se deje de criminalizar a las familias vulnerables a quienes no se ha dado ninguna alternativa

Hoy hemos ocupado las oficinas centrales de Endesa para reclamar una vez más contadores de luz para las familias que se han visto obligadas a recuperar una vivienda.

Según la Observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en el PIDESC, el contenido del derecho a la vivienda comprende el acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable y a energía para la cocina, la calefacción y la luz.

La realidad social vivida en el país en los últimos años, ha afectado muy duramente a una gran masa de la población que no ha podido mantener su vivienda. Esta situación de exclusión residencial ha dado como resultado la necesidad de buscar alternativas habitacionales a todas aquellas personas que han sido privadas de este derecho por cuestiones especulativas que han afectado al mercado inmobiliario.

La negativa por parte de los agentes responsables de la crisis inmobiliaria a regularizar las situaciones de estas personas y familias, que sin otra alternativa han tenido que recuperar una vivienda de su parque inmobiliario, ha avanzado en paralelo a la negativa por parte de las empresas que forman parte del oligopolio energético a garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos. Por otra parte, la Generalitat da la espalda a esta problemática, y lejos de reconocerla mira hacia otro lado como si fuera posible hacerla desaparecer. Es una realidad incómoda que ni la Generalitat ni la mayoría de ayuntamientos son suficientemente valientes como para enfrentarla.

Por ello, desde la APE queremos dar luz a esta problemática y hemos hecho una encuesta entre las personas y familias que participan habitualmente de nuestras asambleas y que se encuentran en situación irregular con los suministros. De la encuesta hemos sacado datos alarmantes, entre los que destacan que el 70% de las familias que viven en viviendas recuperadas y sin suministros básicos regularizados viven menores, y en el 18% de los casos personas mayores de 65 años (para ver informe aquí).

Ante este contexto, hoy nos encontramos con cantidad de familias seguidas por Servicios Sociales, empadronadas en el hogar -algunas incluso con el certificado correspondiente que garantiza que la instalación eléctrica es correcta (boletín azul)-, que se dirigen a la compañía para dar de alta la luz, y que reciben una negativa tras otra, especialmente por parte de Endesa, que condensa una gran parte de las contrataciones en Cataluña y que es la empresa distribuidora principal y en definitiva quien autoriza las altas. Se les niega este derecho por el simple hecho de no tener un título en la vivienda, condenando a estas familias a vivir en la oscuridad. Y no solo eso, sino que se las criminaliza en muchos casos denunciándolas y llevándolas a juicio, unas familias que, cuando en realidad ellas querrían intentar regularizar la situación de sus suministros, es la empresa quien no las deja.

Desde la APE, en diciembre del año pasado organizamos una acción de desobediencia pacífica por una familia de Vilagrassa que había recuperado una vivienda y a la que Endesa había cortado la luz. En diciembre conseguimos que Endesa pusiera un contador provisional de 2 meses a esta familia a pesar de no tener ningún título sobre esta vivienda. Además, se trata de un procedimiento que las compañías de agua ya hace meses que están aplicando, poniendo contadores sociales o iniciando un contrato provisional en este tipo de viviendas cuando se trata de familias en situación de vulnerabilidad y ante la petición de servicios Sociales o del Ayuntamiento pertinente (también en municipios donde el servicio de agua está gestionado por una empresa privada, no es municipal). Por tanto, lo que pedimos no es en ningún caso imposible, sino una cuestión de voluntad de la empresa.

No podemos permitir que haya familias a las que, mientras están intentando buscar una solución a su situación habitacional, se condene a vivir sin luz, o a las que se empuje a arriesgarse a pincharla. Hoy hemos ocupado Endesa para reclamar contadores provisionales condicionados a solucionar la situación habitacional de las familias. No son casos aislados y hay que darle respuesta de una vez por todas, es por ello que presentamos una decena de casos de familias seguidas por Servicios Sociales, empadronadas en la vivienda y con el boletín azul que certifica que la instalación eléctrica es correcta. Ahora solo es cuestión de voluntad de Endesa el dar luz a estas familias.

¡Desde la Alianza contra la Pobreza Energética tenemos muy claro que no nos detendremos hasta que Endesa no deje a ninguna familia en la oscuridad!

Barcelona, martes 4 de abril de 2017